Aunque la gestión anterior consideró el instrumento como “una contribución con el medio ambiente”, la actual lo calificó de “ilegítimo e inconstitucional”.
En agosto de 2016 se celebraba en nuestra provincia la designación de la Isla de los Estados como Reserva Natural Silvestre mediante un decreto presidencial firmado por Mauricio Macri. Entre sus fundamentos se mencionaba “la necesidad de garantizar la protección de las 52.736 hectáreas que abarcan la Isla de los Estados y el Archipiélago de Año Nuevo”.
De esta manera el presidente de Cambiemos, anunció su decisión de transformar en una Reserva Natural Silvestre a la Isla de los Estados, en la provincia de Tierra del Fuego, y destacó que con esta iniciativa el Gobierno cumplía con el compromiso de aumentar la superficie de las áreas protegidas en el territorio nacional como contribución al cuidado del ambiente.
“Espero que el Gobierno de Tierra del Fuego junto a Parques Nacionales y a la Armada, con la supervisión logística, cuiden este parque maravilloso que creo va a sorprender a todos aquellos que tengan la oportunidad de ir a visitarlo”, afirmaba en ese momento el titular del Ejecutivo nacional.
Macri sostuvo en el acto oficial en el que estuvo acompañado por la ex gobernadora Rosana Bertone, que el flamante instrumento legal iba “a incentivar el desarrollo de otra fuente adicional de empleo, como es esa industria sin chimeneas que es el turismo. Con el ministro de Turismo Gustavo Santos estamos comprometidos a poner en valor a todos los parques nacionales que tenemos, que son increíbles, hacerlos más conocidos al mundo y que esa actividad redunde en que más gente nos visite y se enamore de nuestro país, de nuestra gente”.
Un giro de 180º
El gobierno provincial liderado por Gustavo Melella hizo pública ayer una petición que le remitió oficialmente al presidente Alberto Fernández para que derogue el decreto de creación de la Reserva Natural Silvestre Isla de los Estados.
Se trata del Decreto Nacional Nº 929/2016 firmado por Mauricio Macri, que a criterio de la actual gestión forjista “colisiona jurídicamente con normas de mayor jerarquía, como leyes nacionales y hasta con la propia Constitución”.
“Ese decreto es un avance ilegítimo sobre el territorio provincial, fue sancionado por el ex presidente Macri y avalado por el silencio de la gestión de Rosana Bertone”, afirmó la funcionaria Sonia Castiglione, quien consideró que “claramente, este decreto nacional fue nocivo para Tierra del Fuego, ya que avanza claramente sobre la autonomía fueguina, por lo que se considera fundamental dar el paso de la derogación, algo que desde el Gobierno de Alberto Fernández se ve también con buenos ojos”.
En una misiva enviada por la ministra al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, se advierte que “en la Ley Nacional Nº 22.351, artículo 3º, se expresa que la creación de nuevos parques nacionales, monumentos naturales o reservas nacionales, en territorio de una provincia, sólo podrá disponerse previa cesión de la misma a favor del Estado Nacional, del dominio y jurisdicción sobre el área respectiva”, y dicho procedimiento nunca se efectuó”.
Castiglione agregó asimismo que “la Constitución provincial, en su artículo 2º, expresa que la provincia tiene los límites territoriales y los espacios marítimos y aéreos que por derecho le corresponden, de conformidad con los límites internacionales de la República Argentina. Cualquier modificación de los límites deberá ser autorizada por ley especial aprobada por las tres cuartas partes de los miembros de la Legislatura y sometida a consulta popular. A su vez, el artículo 54º, inciso 7º, último párrafo, expresa que la Isla de los Estados, Isla de Año Nuevo e islotes adyacentes, son patrimonio intangible y permanente de todos los fueguinos, como una Reserva Provincial Ecológica, Histórica y Turística. Esto significa que se logró acreditar que existía con anterioridad al dictado del Decreto Nacional Nº 929/2016, una Reserva Provincial con reconocimiento constitucional”
Finalmente, la ministra entiende que “el Gobierno nacional tenía conocimiento de la existencia de la Reserva Provincial Isla de los Estados, por lo que no podía crear por decreto, en forma ilegítima, una Reserva Natural de jurisdicción nacional en dicho territorio, sin que ello generase un grave daño en las relaciones interinstitucionales con el gobierno provincial”.
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