Carlos Córdoba cada vez más comprometido:
El secretario general de ATE, Carlos Córdoba, pasó de denunciante a imputado y podría quedar procesado como partícipe de la red que “vendió” a no afiliados ni empleados estatales en algunos casos, las viviendas que se construyen en operatoria con el IPV.
El escándalo se desató hace pocos meses, aunque llevan años los rumores sobre el pago a dirigentes para ser incluidos en el listado. La primera derivación fue el suicidio de uno de los sospechosos, Daniel Belbey, seguido de la golpiza recibida por el otro imputado, Miguel Arana.
Ahora trascendieron conversaciones telefónicas del secretario general de ATE Carlos Córdoba con el fallecido Daniel Belbey, en las cuales le reclamaría dinero producto de esa estafa, transcriptas en la acusación del fiscal Nicolás Arias, para quien Córdoba “no podía desconocer la maniobra cuya cara visible resultaba Arana”.
La estafa no llegó al objetivo final porque no sorteó los filtros del IPV, donde se rechazaron 50 postulantes del primer listado y luego se detectaron siete postulantes que no eran afiliados al gremio. Se presumen que los damnificados fueron muchos más y que algunos obraron de buena fe, dado que hasta hubo ofertas de viviendas a través de una inmobiliaria, pero otro grupo sabía que el camino para acceder no era regular sino el pago de una coima, y difícilmente radique la denuncia.
La directora general del IPV, Marta Susana Benítez, fue quien rechazó siete postulantes y declaró que Córdoba “insistió respecto de la incorporación de los mismos, aún sin encontrarse afiliados al gremio. La gestión fue realizada por Córdoba en compañía de Lilian Galli en al menos dos oportunidades”, aseguró la funcionaria que ahora es una de las testigos de la causa.
Además, se secuestró entre la documentación que estaba en las oficinas de ATE, allanadas por orden del juez, una nota presentada por Córdoba al ministro de Gobierno, por la que solicita la inclusión de personas ajenas al gremio.
El audio entre Córdoba y el fallecido Belbey es contundente y allí le reclama que “no me trajiste verdes” que, para el fiscal Arias, tiene relación directa “con la entrega de moneda extranjera por el supuesto pago para acceder a los listados”.
“Por su condición de Secretario General de ATE y por tener a cargo el manejo de la administración de tales viviendas para adjudicar entre sus afiliados, quebrantó la confianza de los mismos al intentar procurar para terceros aquellas, perjudicándolos patrimonialmente”, cuestiona el fiscal en su escrito, y observa que el dirigente además se auto-resolvió el problema habitacional, porque está dentro del listado de beneficiarios y, si bien puede no ser delito, agrega un cuestionamiento al menos ético a este escándalo.
El dirigente será indagado este jueves junto a otros nueve imputados y los delitos investigados incluyen la estafa y lavado de dinero, vinculada con la compra de maquinaria vial por parte de la pareja de Arana.
La lista de indagados comienza por el propio Miguel Arana, ex titular de la comisión de viviendas de ATE, que actuaba junto a Daniel Belbey; le sigue su pareja Gisela Edith Escobar, ex empleada de ATE y acusada de presunto lavado de dinero; también Martín Ezequiel Arana (hijo de Miguel), quien figura como titular de vehículos que le fueron transferidos y se habrían adquirido en la maniobra de lavado.
Se suman Francisco Freire Acosta y Hugo Fabián Aguirre y Leandro Santillán Mulvihill, Omar Alberto Calquín y Lilian Galli.
Hasta ahora la defraudación está cuantificada en 8.145.000 pesos y 52 mil dólares. Los damnificados, de acuerdo a su denuncia, manifestaron haber entregado sumas que van de los 360 mil a los 800 mil pesos, parte de los montos en dólares, o en bienes, como la transferencia de vehículos.
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