Conflicto por el acceso al mar. Silvia Nieva y Germán Cañizares, pescadores artesanales de Río Grande y cabo San Pablo respectivamente, aseguran haber sido amenazados y maltratados por personal que responde a los estancieros costeros. Exigen al gobernador Melella que intervenga para frenar la escalada de violencia y advierten que no solo están en riesgo sus fuentes de trabajo sino también sus vidas.
Los conflictos entre pescadores artesanales y estancieros costeros en Tierra del Fuego han escalado peligrosamente. Germán Cañizares, pescador de Cabo San Pablo, denunció un incidente grave ocurrido en las inmediaciones del río Laines, en un terreno perteneciente a la estancia La Fueguina, propiedad del legislador Jorge Lechman.
Cañizares relató: «Cuando mis compañeros me comentaron hace unos días atrás que estaban cerrando el paso hacia el mar, fui a verificar y encontré a un peón colocando postes para alambrar. Mientras hablaba con él, llegó el capataz de Lechman.
Lo saludé, pero me ignoró y me fui para mi casa. Iba para cabo San Pablo cuando mi vehículo fue interceptado por la camioneta del administrador de la estancia. Se bajó con un arma, acompañado por otro hombre, y me amenazó con actitud de matón: ‘Ya se te prendió fuego una vez la carpa… Si seguís por acá, se te va a prender fuego todo’. Manipuló después su arma como si fuera a dispararme. Pensé que iba a morir allí mismo».
Consultado sobre la identidad de ambos sujetos, Cañizares respondió que “el administrador sé que se llama Fernando y que es de nacionalidad chilena. El otro muchacho, de unos veintipico de años, no sé ni cómo se llama”.
El pescador radicó la denuncia en la Policía, pero señala que este problema se arrastra desde 2018. «Nuestra fuente de trabajo está siempre amenazada por los estancieros que no permiten acceder a la playa. Yo estoy inscripto como pescador, pago impuestos y habilitaciones. Cumplo con la ley, pero ellos no. Y el Estado tampoco interviene para hacer respetar la Ley 244 de pasos de servidumbre. ¿Están esperando que haya muertos para actuar?»
A las denuncias de Cañizares se sumó la de Silvia Nieva, quien también ejerce la pesca artesanal en la zona y lidera una asociación de pescadores en Río Grande. Según Nievas le refirió a Diario Prensa Libre, la situación de tensión entre estancieros y pescadores es de larga data: «Hace años enfrentamos problemas similares. En la estancia La Fueguina, propiedad del legislador Lechman, han cavado zanjas de 1,60 metros para bloquear el paso.
Este legislador, que debería por sus funciones respetar más que nadie las leyes, por el contrario, las incumple. Al estar levantando alambrados y haciendo zanjas para impedir el acceso de los ciudadanos al mar, incumple la ley 244 que obliga a dejar pasos de servidumbre”.
Nieva recordó las amenazas que ha recibido: «Hace dos domingos, uno de los encargados me dijo: ‘Vamos a acabar con esta vieja de m… que levantó todo en los pasos de servidumbre. Vamos a prenderle fuego para que se calle’. Ya el año pasado me tajearon los neumáticos de la camioneta. Estas cosas no pueden seguir pasando porque la situación se torna cada vez más peligrosa y desesperante».
La pescadora insistió preocupada por el nivel de violencia alcanzado y sus posibles consecuencias: «Ya nos quemaron una carpa y no quiero imaginar lo que podría pasar si un día dejamos a un hijo durmiendo mientras trabajamos en el mar. ¿Qué pasaría si prenden fuego con alguien adentro? ¿Eso es lo que están esperando las autoridades para intervenir? ¿Van a poder vivir con esa culpa o prefieren que todos terminemos en la Justicia? Estamos hablando de vidas».
Ambos pescadores artesanales, en representación de una veintena de compañeros, piden la intervención urgente del gobernador Gustavo Melella: «Necesitamos que esto se resuelva antes de que ocurra una desgracia. Estamos cansados de entregar notas y recibir promesas vacías. Nosotros no vivimos de planes, no estamos pidiendo tampoco trabajo porque vivimos de la pesca y solo estamos exigiendo que se cumpla la ley», enfatizó Nieva.
En el conflicto que hora a hora escala en virulencia, Cañizares reiteró: «Solo queremos que nos dejen pescar y ganarnos la vida, pero si el Estado no actúa, esta situación va a empeorar».