LA FISCALIA PRESUME QUE LA MUJER PODRIA FUGARSE A CHILE, PAIS DEL QUE ES ORIUNDA Y EN DONDE CUENTA CON FAMILIA Y CASA PROPIA.
Como ya informara Diario Prensa en ediciones anteriores, cuando la empleada doméstica del matrimonio Huenante Maldonado se disponía a iniciar sus tareas el lunes 4 de junio, a las 8 de la mañana, como de costumbre, se horrorizó al encontrar al dueño de casa tirado sobre el piso.
En el interior de la vivienda de la calle Aristóbulo del Valle Nro 512, Yanina Ricaldes, de 26 años de edad, pegó un grito al ver a su empleador, José Juvenal Huenante Huenante, de 70, con una soga alrededor del cuello, completamente lívido. Enseguida apareció la esposa del septuagenario – María Mercedes Soto Maldonado – quién se mostró nerviosa y sorprendida. La mujer dijo que antes de irse a acostar a otra habitación, lo había visto a José mirando televisión. Ella fue quien manifestó la posibilidad de que su compañero, con el que llevaba 20 años de convivencia se hubiera ahorcado, señalando que el anciano estaba muy deprimido. Esta posibilidad fue descartada desde el comienzo mismo de la investigación, dado que en el lugar no había ningún tipo de viga o saliente desde la que el hombre pudiera haberse colgado, imponiéndose la hipótesis de que la muerte en realidad sobrevino por estrangulamiento.
Vale destacarse también que el septuagenario había sufrido hace unos seis meses un accidente cerebro vascular, lo que lo tenía postrado, inválido en la mitad de su cuerpo y vulnerable a cualquier tipo de ataque, como al parecer ocurrió.
Personal policial de la División Delitos Complejos observó la inexistencia de puertas o ventanas forzadas, lo que hizo recaer inmediatamente la responsabilidad en Soto Maldonado, quien fue detenida bajo el cargo de homicidio.
Al caso que se investiga bajo el numero de causa Nº 30797/18, y que fue caratulado como “Huenante Huenante, José Juvenal s/averiguación causa de muerte, se sumó también el testimonio de ex compañeros de don Huenante, quienes describieron al anciano como “un hombre muy trabajador y sufrido. Corto de carácter pero buena persona”. La misma fuente consignó que la víctima se desempeñó durante muchos años como empleado de la construcción hasta que ingresó a la empresa Baplast SRL, en donde se jubiló. La pareja no tenía hijos, contando José solo con una hermana y un sobrino en la localidad rionegrina de Bariloche”.
A María Mercedes Soto Maldonado, en cambio, la describieron como “una mujer muy conflictiva, de carácter fuerte e imperativo”. También agregaron que ella insistió en casarse dado que su conviviente, pese a las casi dos décadas juntos, era reticente a ello. Finalmente, hace unos dos años atrás, contrajeron matrimonio, sufriendo él al cabo de un tiempo, un infarto cerebral que lo convirtió en una persona discapacitada a la que asistían dos cuidadores domiciliarios diariamente.
PODRIA FUGARSE
En las últimas horas la jueza de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Sur, María Cristina Barrionuevo, denegó el pedido de excarcelación solicitado por la defensa de María Mercedes Soto Maldonado, bajo cualquier tipo de caución. La resolución de la magistrada se dio luego de la indagatoria a la mujer de 68 años de edad, en la que el Defensor Público, Danilo Cambio, solicitara la excarcelación de la misma, petición que a sugerencia del representante del Ministerio Público Fiscal, Daniel Curtale, no debía ser otorgada.
En su escrito, el fiscal explicó que no correspondía hacer lugar a ese beneficio porque la imputada en libertad “podría tratar de eludir la acción de la Justicia o entorpecer su investigación”.
Asimismo, tuvo en cuenta que si bien la mujer posee residencia en la ciudad de Ushuaia y cuenta con medios económicos suficientes, “todo su grupo familiar y su vivienda propia se encuentran en la ciudad de Punta Arenas, Chile”, factores que permiten presumir “la facilidad con la que cuenta para abandonar definitivamente el país y permanecer oculta”.
La sexagenaria entonces deberá continuar privada de su libertad mientras continúa instruyéndose la causa en la que está acusada de un delito que de comprobársele, tiene una pena de 8 a 25 años de prisión.
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