Sostiene que el supuesto accionar del intendente “no menoscaba el bien jurídico integridad sexual”, ni tampoco hay elementos para sospechar que la persona denunciante “haya tenido miedo a algún tipo de mal”.
Lo firmó el fiscal Pablo Candela antes de que el caso que involucra al Intendente de Río Grande se hiciera público. Sostiene que, si un funcionario cita en su domicilio a una persona sin trabajo y le propone mantener relaciones sexuales a cambio de darle empleo, ello “no menoscaba el bien jurídico integridad sexual”, ni tampoco hay elementos para sospechar que la persona “haya tenido miedo a algún tipo de mal”. El abogado de las víctimas denunciará a Candela ante el Consejo de la Magistratura, por presunto mal desempeño.
El representante del Ministerio Público, quien intervino en las actuaciones como Fiscal Mayor subrogante, desestimó la existencia de delito, y por lo tanto se negó a que se instruya una investigación penal, en el caso de las denuncias presentadas ante la justicia por los trabajadores Damián Rivas y Alfredo Suasnabar.
Candela suscribió su dictamen el pasado 10 de septiembre, antes de que el caso se difundiera en medios nacionales, mientras que el contenido del escrito se mantenía en “secreto” con el argumento de que su difusión podía vulnerar la intimidad de las personas involucradas.
“No se ha menoscabado el bien jurídico integridad sexual, ello en razón de que la autodeterminación de libertad sexual de una persona mayor de 18 años y su propio ejercicio no se vio vulnerado”, escribió el fiscal.
Y en la frase más polémica de su dictamen, aseveró también: “el caso no aporta ningún elemento que permita tan solo sospechar en el sentido de que ambas personas hayan tenido miedo de sufrir algún tipo de mal por no acceder al acto sexual”.
Para el abogado Francisco Giménez, representante de las supuestas víctimas, «del testimonio (de los denunciantes) surge que el ataque sobre su integridad sexual fue sorpresivo, en solitario, que no lo consintieron y que buscaron apartarlo. Su relato jamás puede hacer creer a un fiscal –quien tiene la obligación de investigar- que haya existido algún tipo de consentimiento, pues su condición social es de ostensible vulnerabilidad. Los denunciantes no tuvieron libertad de elegir por estar coartados por sus necesidades económicas más elementales».
Según Giménez, «el dictamen de Candela es la demostración de una vergonzante concepción machista que impera en el sistema judicial fueguino, mediante la cual solo las personas de sexo femenino pueden ser víctimas de abuso sexual. El hombre no puede serlo porque siempre tendría la capacidad física de reaccionar, resistiendo al ataque sexual de otro hombre», le dijo el letrado a Infobae. Y agregó que «hay una cita parcial y arbitraria de los testimonios de las víctimas para tratar de justificar la desestimación de la denuncia, sin siquiera tomar una sola medida de prueba en el expediente, hecho que resulta inaudito con solo observar la conducta de este mismo fiscal en otros casos análogos o de menor entidad».
El abogado se refiere a que, en marzo pasado, el mismo Candela había impulsado la investigación contra un oficial inspector de la Policía Provincial -Julio César Rockenbach- a partir de la denuncia de una integrante de la misma fuerza de menor rango, por «acoso sexual» y «violencia de género». La mujer policía había denunciado que su superior la había invitado a «hacer cucharita en la cama», entre otras insinuaciones de índole sexual y de acoso verbal en forma reiterada. En este caso, Candela imputó a Rockenbach de abuso sexual simple en grado de tentativa.
Si bien el juez Sahade todavía no resolvió si acepta la desestimación de Candela, Giménez anticipó que pedirá al Consejo de la Magistratura que se lo juzgue por su conducta.
«No vamos a tolerar que siga formando parte del Poder Judicial un fiscal que, sin tomar medida de prueba alguna y con una interpretación sesgada del derecho y de los hechos, beneficie con su accionar a un imputado por ser parte del poder político fueguino», acusó.
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