EL PEDIDO OFICIAL SE HIZO JUNTO A OTRAS SIETE PROVINCIAS, ANTE EL GOBIERNO NACIONAL.
El petitorio consiste en la ampliación extraordinaria de partidas presupuestarias para las provincias de todo el país para que puedan brindar asistencia alimentaria y nutricional a todos los ciudadanos que la necesiten.
Ocho provincias hasta este momento están reclamándole al Gobierno Nacional que declare la emergencia alimentaria nacional por ley. El pedido fue acordado en un encuentro que se realizó en la Casa de Gobierno de San Juan, de la que participaron ministros de Desarrollo Social de Tucumán, Chaco, La Rioja, La Pampa, Formosa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En representación del gobierno fueguino participó Gabriel Acosta, subsecretario de Inclusión Social.
Los ministros de Desarrollo Social de ocho provincias gobernadas por el PJ reclamaron al Gobierno, de forma conjunta y a tono con el pedido que presentaron los diputados nacionales del sector, que se declare una Ley de emergencia alimentaria nacional. Asimismo, pidieron a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, que convoque de forma urgente a “un espacio federal de trabajo conjunto”.
Durante la reunión, los ministros acordaron un documento de tres puntos en el que pidieron declarar por ley la emergencia alimentaria nacional en todo el país; actualizar de forma extraordinaria las partidas presupuestarias de las provincias destinadas a las modalidades de asistencia alimentaria y nutricional y garantizar el abastecimiento y acceso a la compra de alimentos básicos por parte de las provincias.
¿EN QUE CONSISTE?
El reclamo es un modo de dar respuesta al aumento de la pobreza y el incremento de niños que asisten a comedores comunitarios, acentuada por la corrida cambiaria post PASO con duro impacto en los precios de la canasta básica.
La última vez que se aplicó en el país fue a raíz de la crisis del 2001 y duró hasta el 31 de diciembre de 2002.
Tierra del Fuego adhiere a la creación de una ley como instrumento para garantizar la alimentación de la población más vulnerable, menor de 16 años. De este modo, se incrementarían las partidas presupuestarias para merenderos y comedores comunitarios.
Las últimas mediciones revelan que alrededor de 14 de los 45 millones de argentinos, son pobres, con las consecuencias negativas en la población infantil y joven, que ello significa.
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