El juez Federico Calvete rechazó el pedido y le impuso costas a letrado riograndense Hernán Bazán Güemes. El abogado planteó la incompetencia del Juzgado Federal de Río Grande para entender en la causa, porque ni el país ni la provincia “tienen soberanía sobre territorio malvinense”.
El juez Federal de Tierra del Fuego Federico Calvete rechazó “con costas” el planteo del abogado de uno de los militares acusados de aplicar torturas a soldados durante la guerra de Malvinas, quien había pedido la incompetencia del Juzgado Federal de Río Grande para intervenir en el caso, con el argumento de que ni el país ni la provincia tienen soberanía sobre territorio malvinense.
La solicitud del abogado riograndense Hernán Bazán Güemes, que defiende al ex militar Ramón Eduardo Caro, había generado la reacción del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de la ciudad de La Plata (CECIM) -querellante en la causa- cuyos miembros requirieron “sanciones disciplinarias” contra el letrado por haber hecho una petición que va en contra de los dispuesto en forma expresa por la Constitución Nacional.
Al rechazar el incidente de incompetencia, el juez Calvete citó como uno de los fundamentos a la disposición transitoria primera de la reforma constitucional de 1994, donde se afirma que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y sus espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional”.
A su vez, Calvete mencionó la ley 23775 de provincialización de Tierra del Fuego, donde se indica que las Islas Malvinas forman parte de la provincia, e incluso aclaró que la Justicia Federal del distrito tiene jurisdicción sobre Malvinas “desde antes de la provincialización”.
“Siendo los integrantes de las fuerzas armadas argentinas funcionarios federales, corresponde entonces la intervención a la Justicia Federal de la provincia de Tierra del Fuego, para intervenir en la investigación y juzgamiento de los hechos acaecidos en el conflicto bélico”, asevera la resolución del juez Federal de Ushuaia que subroga el juzgado Federal de Río Grande.
Además, el magistrado agrega que como “nuestro país reafirma su soberanía sobre las Islas Malvinas desde la Carta Magna”, ese mandato “inalienable e imprescriptible” se puede “ejercer a través de los actos de los tres poderes del Estado, entre ellos el Poder Judicial de la Nación”.
Por su parte el fiscal Federal de Río Grande Marcelo Rapoport, al dictaminar en el mismo incidente, aseveró que aceptar el planteo de la defensa del ex militar, implicaría “consentir la soberanía extranjera sobre territorio nacional, lo que resulta de inaceptable gravedad institucional para cualquiera de los poderes del Estado argentino”.
El CECIM es impulsor y querellante en la causa penal en la que el juez Calvete dispuso, en diciembre pasado, la indagatoria de 18 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas acusados de haber “estaqueado” y “enterrado” a soldados, entre otros actos de torturas contra la propia tropa, durante el conflicto bélico con Gran Bretaña de 1982.
Para evitar la indagatoria de Caro, uno de los imputados, el abogado Bazán Güemes presentó un escrito en el que cuestionó la competencia del juzgado fueguino, con el fundamento de que “la República Argentina no tiene lamentablemente soberanía sobre el territorio malvinense”.
Además, el letrado escribió que si bien se considera a las Islas Malvinas como parte de Tierra del Fuego, el archipiélago “debería constituir una provincia especial separada” sujeta a “los tratados con potencias extranjeras que celebre el gobierno federal”.
Para el abogado del CECIM Jerónimo Guerrero Iraola, este tipo de fundamentaciones “retrotrae la posición soberana argentina sobre las islas”, además de vulnerar “la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional y el artículo 2 de la ley de provincialización”, señaló en dialogo con la prensa.
“Más allá del objetivo central de esta causa, litigar en Tierra del Fuego es un acto de reivindicación nacional. Por eso la actitud de este abogado no solo merece el mayor de los repudios sino que amerita la aplicación de sanciones disciplinarias”, aseguró Guerrero Iralola.
A su vez, el letrado consideró que este tipo de discusiones no hace más que “revictimizar” a las personas que “esperan justicia después de 37 años de finalizada la guerra”.
“El Estado es también responsable por haber generado las condiciones de impunidad para que este tipo de planteos puedan tener asidero”, concluyó el representante del CECIM.
Por su parte el ex combatiente y periodista de Ushuaia, Daniel Guzmán, sostuvo que “negar la pertenencia y soberanía de nuestras islas constituye uno de los artilugios legales más repugnantes jamás oído”.
Según Guzmán, hubo militares que “trasladaron a las Malvinas las mismas atrocidades que cometieron con la sociedad civil en el continente, y ahora están desesperados por escapar a la acción de la justicia”, indicó.
Calvete mantiene vigente el llamado a indagatoria de los oficiales y suboficiales Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino, Jorge Oscar Ferrante, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Luis Alfredo Manzur, Raúl Antonio Linares, Pablo Emilio Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Oscar Luis Contreras, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín, Ramón Desiderio Leiva y Gustavo Adolfo Calderini.
La causa Nº 1777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra de 1982.
La denuncia fue radicada en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias por parte de Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y tomó impulso a raíz de acciones promovidas por el CECIM.
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